ConstituciÓn Nacional

SANTA FE, 22 DE AGOSTO DE 1994

BOLETIN OFICIAL, 23 DE AGOSTO DE 1994

- LEY VIGENTE -

REGLAMENTACION

Reglamentado por:

Ley 24.747 Art.1 ( (B.O. 24/12/96) SE REGLAMENTA EL ART.39)

      

PREAMBULO
  Nos  los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos
 en Congreso  General  Constituyente  por  voluntad y elección de las
 provincias que la componen, en cumplimiento de pactos
 preexistentes,  con  el  objeto  de constituir  la  unión  nacional,
 afianzar  la justicia, consolidar la  paz  interior,  proveer  a  la
 defensa  común,  promover  el  bienestar  general,  y  asegurar  los
 beneficios  de  la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad,
 y para todos los  hombres  del mundo que quieran habitar en el suelo
 argentino: invocando la protección  de  Dios, fuente de toda razón y
 justicia:  ordenamos, decretamos y establecemos  esta  Constitución,
 para la Nación Argentina.  

OBSERVACIONES GENERALES

    CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 129
 SE ESTABLECE LA ENTRADA EN VIGENCIA EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 QUE SE ENCUENTRAN A CONTINUACION DEL ART. 129
 OBSERVACION EL PRESENTE TEXTO DE LA CONSTITUCION NACIONAL
 INCLUYENDOSE EL 2DO. PARRAFO DEL ART. 77, ES CONFORME EL
 TEXTO ORDENADO POR LEY 24.430 QUE ORDENA LA PUBLICACION DEL TEXTO
 OFICIAL DE LA CONSTITUCION NACIONAL SANCIONADA EN 1853 CON LAS
 REFORMAS DE LOS AÑOS 1860, 1866, 1898, 1957 Y 1994
 (B.O. SUPLEMENTO 10-01-95).
 OBSERVACION LA PRESENTE CONSTITUCION CONSTA DE 129 ARTICULOS,
 LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE FIGURAN A CONTINUACION
 DEL ARTICULO 129 SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL ARTICULO 129
 BIS CREADO ESPECIALMENTE A LOS EFECTOS DE LA INFORMATIZACION  

TEMA

       

CONSTITUCION NACIONAL-DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES-PODER LEGISLATIVO
PODER JUDICIAL-AUDITORIA GENERAL DE LA NACION-DEFENSOR DEL PUEBLO-PODER
EJECUTIVO-JEFE DE GABINETE DE MINISTROS-GOBIERNO PROVINCIAL-HABEAS DATA
SUPREMACIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES  

PRIMERA PARTE
(artículos 1 al 43)

CAPITULO PRIMERO.
Declaraciones, derechos y garantías (artículos 1 al 35)

     

Artículo  1.-  La  Nación  Argentina adopta para su gobierno la
 forma representativa republicana  federal,  según  la  establece  la
 presente Constitución.   
Artículo 2.- El Gobierno federal sostiene el culto católico
 apostólico romano.   
Artículo 3.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal,
 residen en la ciudad  que se declare Capital de la República por una
 ley  especial del Congreso,  previa  cesión  hecha  por  una  o  más
 legislaturas provinciales, del territorio que haya de
 federalizarse.   
Artículo 4.- El Gobierno federal provee a los gastos de la
 Nación con los fondos del Tesoro nacional formado  del  producto  de
 derechos  de  importación  y exportación, del de la venta o locación
 de tierras de propiedad nacional,  de  la  renta  de Correos, de las
 demás  contribuciones  que  equitativa  y  proporcionalmente   a  la
 población  imponga  el  Congreso  General,  y  de  los empréstitos y
 operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso  para urgencias
 de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.   
Artículo 5.-  Cada  provincia dictará para sí una Constitución
 bajo  el sistema representativo  republicano,  de  acuerdo  con  los
 principios,  declaraciones  y garantías de la Constitución Nacional;
 y que asegure su administración  de  justicia, su régimen municipal,
 y  la  educación  primaria.  Bajo de estas  condiciones  el  Gobierno
 federal, garante a  cada  provincia  el  goce  y  ejercicio  de  sus
 instituciones.       
Artículo 6.- El Gobierno federal interviene en el territorio de
 las provincias  para  garantir  la  forma republicana de gobierno, o
 repeler invasiones exteriores, y a requisición  de  sus  autoridades
 constituidas  para  sostenerlas  o restablecerlas, si hubiesen  sido
 depuestas por la sedición, o por invasión  de  otra  provincia.   
Artículo  7.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de
 una provincia gozan  de  entera fe en las demás; y el Congreso puede
 por leyes generales determinar  cuál  será  la  forma  probatoria de
 estos actos y procedimientos, y los efectos legales que  producirán.      
Artículo 8.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los
 derechos,    privilegios  e  inmunidades  inherentes  al  título  de
 ciudadano en las  demás.   La  extradición  de  los  criminales es de
 obligación recíproca entre todas las provincias.       
Artículo  9.-  En  todo el territorio de la Nación no habrá más
 aduanas que las nacionales,  en  las  cuales regirán las tarifas que
 sancione el Congreso.       
Artículo  10.-  En  el  interior  de  la  República es libre de
 derechos la circulación de los efectos de producción  o  fabricación
 nacional,  así como la de los géneros y mercancías de todas  clases,
 despachadas en las aduanas exteriores.      
Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional
 o extranjera,  así  como  los ganados de toda especie, que pasen por
 territorio de una provincia  a  otra,  serán  libres de los derechos
 llamados  de  tránsito,  siéndolo  también  los carruajes  buques  o
 bestias  en  que  se  transporten;  y  ningún  otro   derecho  podrá
 imponérseles  en  adelante, cualquiera que sea su denominación,  por
 el hecho de transitar el territorio.       
Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no
 serán  obligados  a  entrar,  anclar  y  pagar derechos por causa de
 tránsito,  sin que en ningún caso puedan concederse  preferencias  a
 un puerto respecto  de  otro,  por  medio  de leyes o reglamentos de
 comercio.       
Artículo  13.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación;
 pero no podrá erigirse  una  provincia  en  el  territorio de otra u
 otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento  de  la
 Legislatura  de  las  provincias  interesadas  y  del Congreso.       
Artículo  14.-  Todos  los habitantes de la Nación gozan de los
 siguientes  derechos  conforme   a  las  leyes  que  reglamenten  su
 ejercicio; a saber: de trabajar y  ejercer toda industria lícita; de
 navegar y comerciar; de peticionar a  las  autoridades;  de  entrar,
 permanecer,  transitar y salir del territorio argentino; de publicar
 sus ideas por  la  prensa  sin censura previa; de usar y disponer de
 su propiedad; de asociarse con  fines útiles; de profesar libremente
 su culto; de enseñar y aprender.      
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la
 protección    de  las  leyes,  las  que  asegurarán  al  trabajador:
 condiciones  dignas   y  equitativas  de  labor;  jornada  limitada;
 descanso y vacaciones  pagados;  retribución  justa;  salario mínimo
 vital  móvil;  igual remuneración por igual tarea; participación  en
 las ganancias de  las  empresas,  con  control  de  la  producción y
 colaboración    en   la  dirección;  protección  contra  el  despido
 arbitrario; estabilidad  del empleado público; organización sindical
 libre y democrática, reconocida  por  la  simple  inscripción  en un
 registro especial.
  Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos  de
 trabajo;  recurrir  a  la conciliación y al arbitraje; el derecho de
 huelga.   Los  representantes  gremiales  gozarán  de  las  garantías
 necesarias para  el  cumplimiento  de  su  gestión  sindical  y  las
 relacionadas con la estabilidad de su empleo.
  El  Estado  otorgará  los  beneficios  de  la seguridad social, que
 tendrá carácter de integral e irrenunciable.   En  especial,  la  ley
 establecerá:  el  seguro  social  obligatorio, que estará a cargo de
 entidades  nacionales  o provinciales  con  autonomía  financiera  y
 económica, administradas  por  los interesados con participación del
 Estado, sin que pueda existir superposición de aportes;
 jubilaciones  y pensiones móviles;  la  protección  integral  de  la
 familia; la defensa  del  bien de familia; la compensación económica
 familiar y el acceso a una vivienda digna.       
Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos
 que hoy  existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y
 una ley especial  reglará  las  indemnizaciones  a que dé lugar esta
 declaración.   Todo  contrato  de  compra y venta de personas  es  un
 crimen  de  que  serán responsables los  que  lo  celebrasen,  y  el
 escribano o funcionario  que  lo  autorice.   Y  los  esclavos que de
 cualquier  modo  se introduzcan quedan libres por el solo  hecho  de
 pisar el territorio de la República.       
Artículo  16.-  La  Nación Argentina no admite prerrogativas de
 sangre, ni de nacimiento:  no  hay  en  ella  fueros  personales  ni
 títulos  de nobleza.  Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y
 admisibles  en  los  empleos sin otra condición que la idoneidad.  La
 igualdad es la base del  impuesto  y  de  las  cargas públicas.       
Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de
 la Nación  puede  ser  privado  de ella, sino en virtud de sentencia
 fundada en ley.  La expropiación por  causa de utilidad pública, debe
 ser calificada por ley y previamente indemnizada.   Sólo  el Congreso
 impone  las contribuciones que se expresan en el artículo 4.   Ningún
 servicio  personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
 fundada en  ley.   Todo  autor o inventor es propietario exclusivo de
 su obra, invento o descubrimiento,  por el término que le acuerde la
 ley.   La  confiscación  de bienes queda  borrada  para  siempre  del
 Código Penal argentino.  Ningún cuerpo armado puede hacer
 requisiciones,  ni  exigir    auxilios   de  ninguna  especie.      
Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin
 juicio  previo  fundado  en  ley  anterior  al hecho del proceso, ni
 juzgado  por  comisiones  especiales,  o  sacado  de    los   jueces
 designados  por la ley antes del hecho de la causa.  Nadie puede  ser
 obligado a declarar  contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de
 orden escrita de autoridad  competente.   Es inviolable la defensa en
 juicio de la persona y de los derechos.  El  domicilio es inviolable,
 como también la correspondencia epistolar y los  papeles privados; y
 una  ley  determinará  en  qué casos y con qué justificativos  podrá
 procederse  a su allanamiento  y  ocupación.   Quedan  abolidos  para
 siempre la pena  de  muerte  por  causas  políticas, toda especie de
 tormento  y  los  azotes.  Las cárceles de la Nación  serán  sanas  y
 limpias, para seguridad  y  no para castigo de los reos detenidos en
 ellas,  y  toda  medida  que a pretexto  de  precaución  conduzca  a
 mortificarlos más allá de  lo que aquélla exija, hará responsable al
 juez que la autorice.      
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún
 modo  ofendan  al  orden  y  a la moral pública, ni perjudiquen a un
 tercero, están sólo reservadas  a Dios, y exentas de la autoridad de
 los magistrados.  Ningún habitante  de  la  Nación  será  obligado  a
 hacer  lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.       
Artículo  20.-  Los  extranjeros  gozan  en el territorio de la
 Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;  pueden  ejercer
 su    industria,    comercio  y  profesión;  poseer  bienes  raíces,
 comprarlos  y  enajenarlos;  navegar  los  ríos  y  costas;  ejercer
 libremente su culto;  testar  y  casarse  conforme  a  las leyes.  No
 están  obligados  a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones
 forzosas extraordinarias.   Obtienen  nacionalización  residiendo dos
 años  continuos  en la Nación; pero la autoridad puede acortar  este
 término a favor del  que  lo solicite, alegando y probando servicios
 a la República.       
Artículo  21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse
 en defensa de la  patria  y  de  esta  Constitución,  conforme a las
 leyes  que  al  efecto  dicte  el  Congreso  y  a  los decretos  del
 Ejecutivo nacional.  Los ciudadanos por naturalización  son libres de
 prestar  o  no  este  servicio  por el término de diez años contados
 desde  el  día  en  que  obtengan  su  carta   de  ciudadanía.       
Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio
 de sus  representantes  y autoridades creadas por esta Constitución.
 Toda  fuerza  armada o reunión  de  personas  que  se  atribuya  los
 derechos del pueblo  y  peticione a nombre de éste, comete delito de
 sedición.      
Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior
 que  pongan  en  peligro  el ejercicio de esta Constitución y de las
 autoridades creadas por ella,  se  declarará  en  estado de sitio la
 provincia  o territorio en donde exista la perturbación  del  orden,
 quedando  suspensas    allí  las  garantías  constitucionales.   Pero
 durante esta suspensión  no  podrá  el  presidente  de  la República
 condenar por sí ni aplicar penas.  Su poder se limitará en  tal  caso
 respecto  de  las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto
 a  otro de la Nación,  si  ellas  no  prefiriesen  salir  fuera  del
 territorio argentino. 
 Artículo 24.- El Congreso  promoverá la reforma de la actual
 legislación en todos sus ramos, y el  establecimiento del juicio por
 jurados.   
Artículo  25.-  El  Gobierno  federal  fomentará la inmigración
 europea;  y  no  podrá  restringir, limitar ni gravar  con  impuesto
 alguno la entrada en el territorio  argentino de los extranjeros que
 traigan  por  objeto labrar la tierra,  mejorar  las  industrias,  e
 introducir y enseñar las ciencias y las artes.       
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación
 es libre  para  todas  las  banderas,  con sujeción únicamente a los
 reglamentos que dicte la autoridad nacional.       
Artículo  27.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus
 relaciones de paz  y  comercio  con  las  potencias  extranjeras por
 medio  de  tratados  que estén en conformidad con los principios  de
 derecho público establecidos en esta Constitución.       
Artículo  28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos
 en los anteriores  artículos,  no podrán ser alterados por las leyes
 que reglamenten su ejercicio.   
Artículo 29.- El Congreso  no  puede  conceder  al Ejecutivo
 nacional,  ni  las  Legislaturas provinciales a los gobernadores  de
 provincia,  facultades    extraordinarias,  ni  la  suma  del  poder
 público, ni otorgarles sumisiones  o  supremacías  por  las  que  la
 vida,  el  honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de
 gobiernos o  persona alguna.  Actos de esta naturaleza llevan consigo
 una  nulidad  insanable,   y  sujetarán  a  los  que  los  formulen,
 consientan o firmen, a la responsabilidad  y  pena  de  los  infames
 traidores a la patria.       
Artículo  30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en
 cualquiera  de  sus   partes.   La  necesidad  de  reforma  debe  ser
 declarada por el Congreso  con  el  voto  de dos terceras partes, al
 menos,  de  sus  miembros;  pero  no  se  efectuará   sino  por  una
 Convención convocada al efecto.   
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en
 su consecuencia  se  dicten  por  el Congreso y los tratados con las
 potencias  extranjeras  son  la ley suprema  de  la  Nación;  y  las
 autoridades  de  cada provincia  están  obligadas  a  conformarse  a
 ellas,  no  obstante    cualquiera   disposición  en  contrario  que
 contengan las leyes o constituciones  provinciales,  salvo  para  la
 provincia  de  Buenos  Aires,  los  tratados ratificados después del
 Pacto de 11 de noviembre de 1859.   
Artículo 32.- El Congreso federal no dictará  leyes  que
 restrinjan  la  libertad  de  imprenta  o  establezcan sobre ella la
 jurisdicción federal.   
Artículo 33.- Las declaraciones,  derechos  y  garantías que
 enumera la Constitución, no serán entendidos como negación  de otros
 derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio  de
 la  soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.   
Artículo 34.- Los jueces de las cortes federales no podrán serlo
 al mismo  tiempo  de  los  tribunales  de  provincia, ni el servicio
 federal, tanto en lo civil como en lo militar  da  residencia  en la
 provincia  en  que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual
 del  empleado, entendiéndose  esto  para  los  efectos  de  optar  a
 empleos  en  la provincia en que accidentalmente se encuentren.   
Artículo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde
 1810 hasta el presente,  a  saber:  Provincias  Unidas del Río de la
 Plata;  República  Argentina,  Confederación  Argentina,   serán  en
 adelante  nombres oficiales indistintamente para la designación  del
 Gobierno y  territorio  de  las provincias, empleándose las palabras
 "Nación  Argentina"  en  la  formación   y  sanción  de  las  leyes.       

     

CAPITULO SEGUNDO
Nuevos derechos y garantías (artículos 36 al 43)

     

Artículo  36.  Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando
 se interrumpiere  su observancia por actos de fuerza contra el orden
 institucional  y  el    sistema    democrático.   Estos  actos  serán
 insanablemente nulos.
  Sus autores serán pasibles de la sanción  prevista  en  el artículo
 29,  inhabilitados  a  perpetuidad  para  ocupar  cargos públicos  y
 excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación  de  penas.
       
  Tendrán  las  mismas  sanciones quienes, como consecuencia de estos
 actos, usurparen funciones  previstas  para  las autoridades de esta
 Constitución o las de las provincias, los que  responderán  civil  y
 penalmente de sus actos.  Las acciones respectivas serán
 imprescriptibles.
  Todos  los  ciudadanos  tienen  el  derecho  de  resistencia contra
 quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en  este artículo.
       
  Atentará  asimismo  contra el sistema democrático quien  incurriere
 en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
 enriquecimiento, quedando  inhabilitado  por el tiempo que las leyes
 determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
  El  Congreso  sancionará  una  ley  sobre  ética  pública  para  el
 ejercicio de la función.       
Artículo  37.  Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de
 los derechos políticos,  con  arreglo  al  principio de la soberanía
 popular  y de las leyes que se dicten en consecuencia.   El  sufragio
 es universal, igual, secreto y obligatorio.
  La igualdad  real  de oportunidades entre varones y mujeres para el
 acceso a cargos electivos  y partidarios se garantizará por acciones
 positivas  en  la regulación de  los  partidos  políticos  y  en  el
 régimen electoral.     
Artículo 38.  Los partidos políticos son instituciones
 fundamentales del sistema democrático.
  Su  creación  y  el  ejercicio de sus actividades son libres dentro
 del respeto a esta Constitución,  la que garantiza su organización y
 funcionamiento democráticos, la representación  de  las minorías, la
 competencia  para  la  postulación  de candidatos a cargos  públicos
 electivos, el acceso a la información  pública  y la difusión de sus
 ideas.
  El Estado contribuye al sostenimiento económico  de sus actividades
 y de la capacitación de sus dirigentes.
  Los partidos políticos deberán dar publicidad del  origen y destino
 de sus fondos y patrimonio.      
Artículo 39.  Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para
 presentar  proyectos  de  ley en la Cámara de Diputados.  El Congreso
 deberá darles expreso tratamiento  dentro  del término de doce meses
       
 El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta  de  la totalidad de
 los  miembros  de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria  que
 no podrá exigir  más  del  tres  por  ciento  del  padrón  electoral
 nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada
 distribución    territorial    para   suscribir  la  iniciativa.
  No serán objeto de iniciativa popular  los  proyectos  referidos  a
 reforma    constitucional,    tratados   internacionales,  tributos,
 presupuesto y materia penal.       
Artículo  40.   El  Congreso,  a  iniciativa  de  la  Cámara  de
 Diputados,  podrá  someter a consulta popular un proyecto de ley.  La
 ley de convocatoria  no  podrá  ser  vetada.   El voto afirmativo del
 proyecto  por  el  pueblo de la Nación lo convertirá  en  ley  y  su
 promulgación será automática.
  El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus
 respectivas competencias,  podrán  convocar  a  consulta  popular no
 vinculante.     En   este  caso  el  voto  no  será  obligatorio.
  El Congreso, con el  voto de la mayoría absoluta de la totalidad de
 los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias,
 procedimientos  y  oportunidad    de    la  consulta  popular.       
Artículo  41.   Todos  los  habitantes  gozan  del  derecho a un
 ambiente  sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano  y  para
 que  las  actividades    productivas    satisfagan  las  necesidades
 presentes sin comprometer las de las generaciones  futuras; y tienen
 el deber de preservarlo.  El daño ambiental generará
 prioritariamente  la obligación de recomponer, según  lo  establezca
 la ley.
  Las autoridades proveerán  a  la  protección  de este derecho, a la
 utilización racional de los recursos naturales,  a  la  preservación
 del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,  y a
 la información y educación ambientales.
  Corresponde  a  la  Nación  dictar  las  normas  que  contengan los
 presupuestos  mínimos  de  protección,  y  a  las  provincias,   las
 necesarias  para  complementarlas,  sin  que  aquéllas  alteren  las
 jurisdicciones locales.
  Se  prohíbe  el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
 potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.       
Artículo  42.  Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
 tienen derecho,  en  la  relación  de consumo, a la protección de su
 salud, seguridad e intereses económicos;  a una información adecuada
 y  veraz;  a  la  libertad  de  elección  y a condiciones  de  trato
 equitativo y digno.
  Las autoridades proveerán a la protección  de  esos  derechos, a la
 educación  para  el  consumo, a la defensa de la competencia  contra
 toda  forma  de distorsión  de  los  mercados,  al  control  de  los
 monopolios naturales  y  legales,  al  de la calidad y eficiencia de
 los  servicios  públicos,  y a la constitución  de  asociaciones  de
 consumidores y de usuarios.
  La  legislación  establecerá    procedimientos   eficaces  para  la
 prevención  y solución de conflictos, y los marcos  regulatorios  de
 los  servicios   públicos  de  competencia  nacional,  previendo  la
 necesaria  participación  de  las  asociaciones  de  consumidores  y
 usuarios y de  las  provincias  interesadas,  en  los  organismos de
 control.        Artículo  43.   Toda  persona puede interponer acción expedita y
 rápida de amparo, siempre que  no  exista  otro  medio  judicial más
 idóneo,  contra  todo  acto u omisión de autoridades públicas  o  de
 particulares, que en forma  actual  o  inminente lesione, restrinja,
 altere  o  amenace,  con  arbitrariedad  o  ilegalidad   manifiesta,
 derechos  y garantías reconocidos por esta Constitución, un  tratado
 o una ley.  En el caso, el juez podrá declarar la
 inconstitucionalidad  de  la norma en que se funde el acto u omisión
 lesiva.
  Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de
 discriminación y en lo relativo  a  los  derechos  que  protegen  al
 ambiente,  a  la competencia, al usuario y al consumidor, así como a
 los derechos de  incidencia  colectiva  en  general, el afectado, el
 defensor del pueblo y las asociaciones que propendan  a  esos fines,
 registradas  conforme a la ley, la que determinará los requisitos  y
 formas de su organización.
  Toda persona  podrá  interponer esta acción para tomar conocimiento
 de los datos a ella referidos  y  de  su  finalidad,  que consten en
 registros  o  bancos de datos públicos, o los privados destinados  a
 proveer informes,  y  en  caso  de  falsedad  o discriminación, para
 exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
 actualización  de  aquéllos.  No podrá afectarse el  secreto  de  las
 fuentes de información periodística.
  Cuando  el derecho lesionado,  restringido,  alterado  o  amenazado
 fuera la libertad  física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la
 forma o condiciones  de  detención,  o en el de desaparición forzada
 de personas, la acción de hábeas corpus  podrá  ser  interpuesta por
 el  afectado  o  por  cualquiera en su favor y el juez resolverá  de
 inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.       

     

SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA NACION
(artículos 44 al 129)

TITULO PRIMERO
GOBIERNO FEDERAL
(artículos 44 al 120)

SECCION PRIMERA
DEL PODER LEGISLATIVO (artículos 44 al 86)

     

Artículo  44:  Un  Congreso  compuesto  de  dos Cámaras, una de
 diputados de la Nación y otra de senadores de las  provincias  y  de
 la  ciudad  de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de
 la Nación.       

     

CAPITULO PRIMERO
De la Cámara de Diputados (artículos 45 al 53)

   

Artículo 45: La Cámara de Diputados se compondrá de
 representantes    elegidos    directamente  por  el  pueblo  de  las
 provincias, de la ciudad de Buenos  Aires,  y  de la Capital en caso
 de traslado, que se consideran a este fin como distritos
 electorales  de un solo Estado y a simple pluralidad  de  sufragios.
 El número de representantes  será de uno por cada treinta y tres mil
 habitantes  o  fracción que no baje  de  dieciséis  mil  quinientos.
 Después de la realización  de  cada  censo,  el  Congreso  fijará la
 representación  con  arreglo  al  mismo,  pudiendo aumentar pero  no
 disminuir la base expresada para cada diputado.       
Artículo  46.-  Los  diputados  para  la primera Legislatura se
 nombrarán  en la proporción siguiente: por la  provincia  de  Buenos
 Aires doce;  por  la  de Córdoba seis; por la de Catamarca tres; por
 la de Corrientes cuatro;  por  la de Entre Ríos dos; por la de Jujuy
 dos; por la de Mendoza tres; por  la  de  La  Rioja  dos;  por la de
 Salta  tres; por la de Santiago cuatro; por la de San Juan dos;  por
 la de Santa  Fe  dos;  por  la  de San Luis dos; y por la de Tucumán
 tres.       
Artículo  47.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el
 censo general, y  arreglarse  a él el número de diputados; pero este
 censo sólo podrá renovarse cada diez años.       
Artículo  48.-  Para ser diputado se requiere haber cumplido la
 edad  de  veinticinco años,  tener  cuatro  años  de  ciudadanía  en
 ejercicio,  y  ser  natural  de la provincia que lo elija, o con dos
 años de residencia inmediata en ella.       
Artículo  49.-  Por esta vez las Legislaturas de las provincias
 reglarán los medios de  hacer  efectiva  la  elección directa de los
 diputados  de la Nación: para lo sucesivo el Congreso  expedirá  una
 ley general.       
Artículo  50.-  Los  diputados durarán en su representación por
 cuatro años, y son reelegibles;  pero  la Sala se renovará por mitad
 cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera
 Legislatura, luego que se reúnan, sortearán  los  que deban salir en
 el primer período.      
Artículo 51.- En caso de vacante, el gobierno de provincia, o de
 la Capital,  hace  proceder  a  elección  legal de un nuevo miembro.     
Artículo 52.- A la Cámara de Diputados corresponde
 exclusivamente  la  iniciativa  de  las leyes sobre contribuciones y
 reclutamiento de tropas.       
Artículo  53.   Sólo  ella  ejerce  el derecho de acusar ante el
 Senado  al  presidente,  vicepresidente,  al  jefe  de  gabinete  de
 ministros, a los ministros y a los miembros  de la Corte Suprema, en
 las causas de responsabilidad que se intenten  contra ellos, por mal
 desempeño  o  por  delito  en el ejercicio de sus funciones;  o  por
 crímenes comunes, después de  haber  conocido  de  ellos y declarado
 haber lugar a la formación de causa por la mayoría de  dos  terceras
 partes de sus miembros presentes.     

   

CAPITULO SEGUNDO
Del Senado (artículos 54 al 62)

     

Artículo  54.  El Senado se compondrá de tres senadores por cada
 provincia y tres  por  la  ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma
 directa y conjunta, correspondiendo  dos  bancas al partido político
 que  obtenga  el  mayor número de votos, y la  restante  al  partido
 político que le siga  en  número  de  votos.   Cada senador tendrá un
 voto.       Artículo 55.- Son requisitos para ser elegidos senador: tener la
 edad  de  treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación,
 disfrutar de  una  renta  anual  de  dos  mil pesos fuertes o de una
 entrada equivalente, y ser natural de la provincia  que  lo elija, o
 con dos años de residencia inmediata en ella.      
Artículo 56.  Los senadores duran seis años en el ejercicio de su
 mandato,  y  son  reelegibles  indefinidamente;  pero  el  Senado se
 renovará  a  razón de una tercera parte de los distritos electorales
 cada dos años.      
Artículo 57.- El vicepresidente de la Nación será presidente del
 Senado;  pero  no  tendrá voto sino en el caso que haya empate en la
 votación.       Artículo 58.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo
 presida  en  caso  de  ausencia  del  vicepresidente,  o cuando éste
 ejerce las funciones de presidente de la Nación.       
Artículo  59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a
 los acusados por  la  Cámara  de  Diputados,  debiendo  sus miembros
 prestar   juramento  para  este  acto.   Cuando  el  acusado  sea  el
 presidente  de la Nación, el Senado será presidido por el presidente
 de la Corte Suprema.   Ninguno será declarado culpable sino a mayoría
 de los dos tercios de los miembros presentes.       
Artículo  60.-  Su  fallo no tendrá más efecto que destituir al
 acusado, y aun declararle  incapaz de ocupar ningún empleo de honor,
 de  confianza  o a sueldo en la  Nación.   Pero  la  parte  condenada
 quedará, no obstante,  sujeta a acusación, juicio y castigo conforme
 a las leyes ante los tribunales ordinarios.       
Artículo  61.-  Corresponde  también  al  Senado  autorizar  al
 presidente  de  la Nación para que declare en estado de sitio, uno o
 varios puntos de  la  República  en  caso  de  ataque exterior.       
Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte,
 renuncia  u  otra  causa,  el  Gobierno a que corresponda la vacante
 hace proceder inmediatamente a la  elección  de  un  nuevo  miembro. 

     

CAPITULO TERCERO
Disposiciones comunes a ambas Cámaras (artículos 63 al 74)

    

Artículo 63.  Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones
 ordinarias  todos  los  años  desde  el  primero  de  marzo hasta el
 treinta de noviembre.  Pueden también ser convocadas
 extraordinariamente  por  el  presidente  de la Nación o prorrogadas
 sus sesiones.       
Artículo 64.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y
 títulos  de  sus  miembros  en cuanto a su validez.  Ninguna de ellas
 entrará en sesión sin la mayoría  absoluta  de sus miembros; pero un
 número menor podrá compeler a los miembros ausentes  a que concurran
 a  las  sesiones,  en los términos y bajo las penas que cada  Cámara
 establecerá.       
Artículo  65.-  Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones
 simultáneamente.  Ninguna  de  ellas,  mientras  se  hallen reunidas,
 podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el
 consentimiento de la otra.       
Artículo  66.-  Cada  Cámara hará su reglamento y podrá con dos
 tercios  de  votos,  corregir  a  cualquiera  de  sus  miembros  por
 desorden de conducta en el ejercicio  de  sus funciones, o removerlo
 por inhabilidad física o moral sobreviniente  a  su incorporación, y
 hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría  de uno sobre la
 mitad de los presentes para decidir en las renuncias que
 voluntariamente hicieren de sus cargos.      
Artículo 67.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de
 su incorporación,  juramento  de  desempeñar debidamente el cargo, y
 de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta
 Constitución.       
Artículo  68.-  Ninguno  de los miembros del Congreso puede ser
 acusado, interrogado judicialmente,  ni  molestado por las opiniones
 o discursos que emita desempeñando su mandato  de  legislador.       
Artículo  69.-  Ningún  senador  o diputado, desde el día de su
 elección hasta el de su cese, puede ser  arrestado;  excepto el caso
 de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún  crimen  que
 merezca  pena  de  muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se
 dará cuenta a la Cámara  respectiva  con  la información sumaria del
 hecho.       
Artículo  70.-  Cuando  se  forme querella por escrito ante las
 justicias ordinarias contra cualquier  senador o diputado, examinado
 el mérito del sumario en juicio público,  podrá cada Cámara, con dos
 tercios de votos, suspender en sus funciones  al  acusado, y ponerlo
 a  disposición  del  juez  competente  para  su  juzgamiento.       
Artículo  71.-  Cada  una de las Cámaras puede hacer venir a su
 sala  a  los  ministros  del  Poder    Ejecutivo  para  recibir  las
 explicaciones e informes que estime convenientes.      
Artículo 72.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o
 comisión  del  Poder  Ejecutivo,  sin  previo  consentimiento  de la
 Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.      
Artículo 73.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros
 del  Congreso,  ni los gobernadores de provincia por la de su mando.       
Artículo  74.-  Los  servicios de los senadores y diputados son
 remunerados  por  el Tesoro de  la  Nación,  con  una  dotación  que
 señalará la ley.      

    

CAPITULO CUARTO
Atribuciones del Congreso (artículos 75 al 76)

   

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:
  1.-  Legislar  en  materia  aduanera.   Establecer  los  derechos de
 importación  y  exportación,  los  cuales, así como las avaluaciones
 sobre las que recaigan, serán uniformes  en  toda  la  Nación. 
  2.-  Imponer  contribuciones  indirectas  como facultad concurrente
 con  las  provincias.   Imponer contribuciones directas,  por  tiempo
 determinado, proporcionalmente  iguales  en todo el territorio de la
 Nación, siempre que la defensa, seguridad  común  y bien general del
 Estado lo exijan.  Las contribuciones previstas en este  inciso,  con
 excepción  de  la  parte  o  el  total  de las que tengan asignación
 específica, son coparticipables.
  Una ley convenio, sobre la base de acuerdos  entre  la Nación y las
 provincias,  instituirá  regímenes  de  coparticipación  de    estas
 contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de  los
 fondos.
  La  distribución  entre  la  Nación,  las provincias y la ciudad de
 Buenos Aires y entre éstas, se efectuará  en  relación directa a las
 competencias, servicios y funciones de cada una de ellas
 contemplando  criterios  objetivos  de  reparto;  será   equitativa,
 solidaria  y  dará  prioridad  al  logro de un grado equivalente  de
 desarrollo, calidad de vida e igualdad  de  oportunidades en todo el
 territorio nacional.
  La ley convenio tendrá como Cámara de origen  el  Senado  y  deberá
 ser  sancionada  con  la  mayoría  absoluta  de  la totalidad de los
 miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente  ni
 reglamentada y será aprobada por las provincias.
  No  habrá  transferencia de competencias, servicios o funciones sin
 la respectiva  reasignación  de  recursos,  aprobada  por la ley del
 Congreso  cuando correspondiere y por la provincia interesada  o  la
 ciudad de Buenos Aires en su caso.
  Un organismo  fiscal  federal  tendrá  a  su  cargo  el  control  y
 fiscalización  de  la  ejecución  de  lo establecido en este inciso,
 según lo determine la ley, la que deberá  asegurar la representación
 de  todas  las  provincias  y  la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  su
 composición.
  3.-  Establecer  y modificar asignaciones específicas  de  recursos
 coparticipables,  por   tiempo  determinado,  por  la  ley  especial
 aprobada por la mayoría  absoluta de la totalidad de los miembros de
 cada Cámara.
  4.- Contraer empréstitos  sobre  el  Crédito  de  la  Nación. 
  5.-  Disponer  del  uso  y  de  la  enajenación  de  las tierras de
 propiedad nacional.
  6.-  Establecer  y  reglamentar  un  banco federal con facultad  de
 emitir moneda, así como otros bancos nacionales.
  7.- Arreglar el pago de la deuda interior  y exterior de la Nación.
 
  8.-  Fijar  anualmente, conforme a las pautas  establecidas  en  el
 tercer párrafo  del  inciso  2  de  este  artículo,  el  presupuesto
 general  de  gastos  y  cálculo  de  recursos  de  la administración
 nacional,  en  base  al programa general de gobierno y  al  plan  de
 inversiones públicas y  aprobar  o  desechar la cuenta de inversión.
 
  9.- Acordar subsidios del Tesoro nacional  a  las provincias, cuyas
 rentas  no  alcancen,  según sus presupuestos, a cubrir  sus  gastos
 ordinarios.
  10.-  Reglamentar  la libre  navegación  de  los  ríos  interiores,
 habilitar  los  puertos   que  considere  convenientes,  y  crear  o
 suprimir aduanas.
  11.- Hacer sellar moneda,  fijar  su valor y el de las extranjeras;
 y  adoptar  un sistema uniforme de pesos  y  medidas  para  toda  la
 Nación.
  12.  Dictar los  códigos  Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del
 Trabajo y Seguridad Social,  en  cuerpos unificados o separados, sin
 que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
 correspondiendo  su  aplicación  a  los    tribunales   federales  o
 provinciales,  según que las cosas o las personas cayeren  bajo  sus
 respectivas jurisdicciones;  y  especialmente  leyes  generales para
 toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con  sujeción al
 principio  de nacionalidad natural y por opción en beneficio  de  la
 argentina; así  como  sobre  bancarrotas,  sobre falsificación de la
 moneda  corriente  y  documentos  públicos  del Estado,  y  las  que
 requiera el establecimiento del juicio por jurados.
  13.   Reglar  el  comercio con las naciones extranjeras,  y  de  las
 provincias entre sí.
  14.  Arreglar y establecer  los correos generales de la Nación.
  15.  Arreglar definitivamente  los  límites  del  territorio  de  la
 Nación,   fijar  los  de  las  provincias,  crear  otras  nuevas,  y
 determinar por una legislación especial la organización,
 administración    y    gobierno  que  deben  tener  los  territorios
 nacionales, que queden fuera  de  los  límites  que se asignen a las
 provincias.
  16.  Proveer a la seguridad de las fronteras.
  17.   Reconocer la preexistencia étnica y cultural  de  los  pueblos
 indígenas argentinos.
  Garantizar  el  respeto a su identidad y el derecho a una educación
 bilingue e intercultural;  reconocer  la  personería jurídica de sus
 comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias  de  las tierras
 que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras  aptas  y
 suficientes  para  el  desarrollo  humano;  ninguna  de  ellas  será
 enajenable,  transmisible  ni  susceptible de gravámenes o embargos.
 Asegurar su participación en la  gestión  referida  a  sus  recursos
 naturales  y  a  los demás intereses que los afecten.  Las provincias
 pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
  18.  Proveer lo conducente  a la prosperidad del país, al adelanto y
 bienestar de todas las provincias,  y al progreso de la ilustración,
 dictando  planes  de  instrucción  general    y    universitaria,  y
 promoviendo  la  industria,  la  inmigración,  la  construcción   de
 ferrocarriles  y  canales  navegables, la colonización de tierras de
 propiedad  nacional, la introducción  y  establecimiento  de  nuevas
 industrias, la importación de capitales extranjeros y la
 exploración  de  los ríos interiores, por leyes protectoras de estos
 fines y por concesiones  temporales  de privilegios y recompensas de
 estímulo.
  19.-  Proveer  lo  conducente  al desarrollo  humano,  al  progreso
 económico con justicia social, a  la  productividad  de  la economía
 nacional,  a la generación de empleo, a la formación profesional  de
 los trabajadores,  a  la  defensa  del  valor  de  la  moneda,  a la
 investigación  y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión
 y aprovechamiento.
  Proveer al crecimiento  armónico  de  la Nación y al poblamiento de
 su  territorio;  promover  políticas  diferenciadas  que  tiendan  a
 equilibrar  el  desigual  desarrollo  relativo    de   provincias  y
 regiones.  Para estas iniciativas, el Senado será Cámara  de  origen.
 
  Sancionar  leyes  de  organización  y  de  base de la educación que
 consoliden  la  unidad  nacional  respetando  las   particularidades
 provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad  indelegable
 del  Estado,  la  participación  de  la  familia  y la sociedad,  la
 promoción de los valores democráticos y la igualdad de
 oportunidades  y  posibilidades  sin  discriminación alguna;  y  que
 garanticen los principios de gratuidad  y  equidad  de  la educación
 pública  estatal  y  la  autonomía  y autarquía de las universidades
 nacionales.
  Dictar leyes que protejan la identidad  y  pluralidad  cultural, la
 libre  creación  y circulación de las obras del autor; el patrimonio
 artístico  y  los  espacios    culturales    y  audiovisuales. 
  20.   Establecer  tribunales  inferiores  a  la  Corte   Suprema  de
 Justicia;  crear  y  suprimir  empleos, fijar sus atribuciones,  dar
 pensiones, decretar honores, y conceder  amnistías  generales. 
  21.   Admitir  o  desechar  los motivos de dimisión del presidente o
 vicepresidente de la República;  y  declarar  el  caso de proceder a
 nueva elección.
  22.  Aprobar o desechar tratados concluidos con las  demás  naciones
 y  con  las organizaciones internacionales y los concordatos con  la
 Santa Sede.   Los  tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
 las leyes.
  La Declaración Americana  de  los Derechos y Deberes del Hombre; la
 Declaración Universal de Derechos  Humanos;  la Convención Americana
 sobre  Derechos  Humanos;  el  Pacto  Internacional de   Derechos
 Económicos,   Sociales  y  Culturales;  el  Pacto  Internacional  de
 Derechos  Civiles   y  Políticos  y  su  Protocolo  Facultativo;  la
 Convención  sobre  la    Prevención  y  la  Sanción  del  Delito  de
 Genocidio;  la  Convención Internacional  sobre  la Eliminación  de
 todas las Formas  de  Discriminación  Racial; la Convención sobre la
 Eliminación de todas las Formas de Discriminación  contra  la Mujer;
 la  Convención  contra  la  Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles,
 Inhumanos o Degradantes; la Convención  sobre los Derechos del Niño;
 en las condiciones de su vigencia, tienen  jerarquía constitucional,
 no derogan artículo alguno de la primera parte  de esta Constitución
 y deben entenderse complementarios de los derechos  y  garantías por
 ella  reconocidos.  Sólo podrán ser denunciados, en su caso,  por  el
 Poder Ejecutivo  nacional,  previa  aprobación  de  las dos terceras
 partes   de  la  totalidad  de  los  miembros  de  cada  Cámara.
  Los demás  tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de
 ser aprobados  por  el  Congreso,  requerirán  del  voto  de las dos
 terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara  para
 gozar de la jerarquía constitucional.
  23.   Legislar  y promover medidas de acción positiva que garanticen
 la igualdad real  de  oportunidades  y  de  trato, y el pleno goce y
 ejercicio de los derechos reconocidos por esta  Constitución  y  por
 los  tratados  internacionales  vigentes  sobre derechos humanos, en
 particular respecto de los niños, las mujeres,  los  ancianos  y las
 personas con discapacidad.
  Dictar  un  régimen  de  seguridad  social  especial  e integral en
 protección  del  niño  en situación de desamparo, desde el  embarazo
 hasta la finalización del  período  de  enseñanza elemental, y de la
 madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
  24.   Aprobar tratados de integración que  deleguen  competencias  y
 jurisdicción  a  organizaciones  supraestatales  en  condiciones  de
 reciprocidad  e  igualdad, y que respeten el orden democrático y los
 derechos humanos.   Las  normas  dictadas  en  su consecuencia tienen
 jerarquía superior a las leyes.
  La  aprobación  de  estos  tratados  con  Estados de  Latinoamérica
 requerirá la mayoría absoluta de la totalidad  de  los  miembros  de
 cada  Cámara.   En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso
 de la Nación, con  la  mayoría absoluta de los miembros presentes de
 cada Cámara, declarará la  conveniencia de la aprobación del tratado
 y sólo podrá ser aprobado con  el  voto de la mayoría absoluta de la
 totalidad de los miembros de cada Cámara,  después  de ciento veinte
 días del acto declarativo.
  La  denuncia  de los tratados referidos a este inciso,  exigirá  la
 previa aprobación  de  la  mayoría  absoluta  de la totalidad de los
 miembros de cada Cámara.
  25.  Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar  la  guerra  o hacer
 la paz.
  26.   Facultar  al  Poder  Ejecutivo  para  ordenar  represalias,  y
 establecer reglamentos para las presas.
  27.   Fijar  las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar
 las normas para su organización y gobierno.
  28.   Permitir    la   introducción  de  tropas  Extranjeras  en  el
 territorio de la Nación,  y  la  salida  de  las  fuerzas nacionales
 fuera de él.
  29.  Declarar en estado de sitio uno o varios puntos  de  la  Nación
 en  caso  de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado  de
 sitio declarado,  durante  su  receso,  por el Poder Ejecutivo.
  30.-  Ejercer  una legislación exclusiva en  el  territorio  de  la
 capital de la Nación  y  dictar  la  legislación  necesaria  para el
 cumplimiento  de  los  fines específicos de los establecimientos  de
 utilidad nacional en el  territorio de la República.  Las autoridades
 provinciales y municipales  conservarán  los  poderes  de  policía e
 imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran  en
 el cumplimiento de aquellos fines.
  31.   Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad
 de Buenos Aires.
  Aprobar  o  revocar  la  intervención decretada, durante su receso,
 por el Poder Ejecutivo.
  32.  Hacer todas las leyes  y reglamentos que sean convenientes para
 poner  en ejercicio los poderes  antecedentes,  y  todos  los  otros
 concedidos  por  la  presente  Constitución al Gobierno de la Nación
 Argentina.

   

Referencias Normativas:

Ley 6.286
Ley 17.722
Ley 23.054
Ley 23.179
Ley 23.313
Ley 23.338
Ley 23.849

     

Artículo  76.   Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
 Ejecutivo, salvo en materias  determinadas  de  administración  o de
 emergencia  pública,  con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
 las  bases  de  la  delegación  que  el  Congreso  establezca. 
  La caducidad resultante  del  transcurso  del  plazo previsto en el
 párrafo  anterior no importará revisión de las relaciones  jurídicas
 nacidas al  amparo  de  las  normas  dictadas  en consecuencia de la
 delegación legislativa.       

     

CAPITULO QUINTO
De la formación y sanción de las leyes (artículos 77 al 84)

     

Artículo  77.  Las leyes pueden tener principio en cualquiera de
 las  Cámaras  del   Congreso,  por  proyectos  presentados  por  sus
 miembros  o  por  el Poder  Ejecutivo,  salvo  las  excepciones  que
 establece esta Constitución.
  Los proyectos de ley  que  modifiquen  el  régimen  electoral  y de
 partidos  políticos  deberán  ser aprobados por mayoría absoluta del
 total de los miembros de las cámaras.       
Artículo  78.-  Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su
 origen,  pasa para su discusión  a  la  otra  Cámara.   Aprobado  por
 ambas, pasa  al  Poder  Ejecutivo  de la Nación para su examen; y si
 también  obtiene  su  aprobación,  lo  promulga    como   ley.      
Artículo 79.  Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en
 general,    puede   delegar  en  sus  comisiones  la  aprobación  en
 particular del proyecto,  con  el  voto  de  la mayoría absoluta del
 total de sus miembros.  La Cámara podrá, con igual  número  de votos,
 dejar  sin  efecto la delegación y retomar el trámite ordinario.   La
 aprobación en  comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del
 total de sus miembros.   Una vez aprobado el proyecto en comisión, se
 seguirá el trámite ordinario. 
     
      Artículo  80.   Se  reputa  aprobado por el Poder Ejecutivo todo
 proyecto  no  devuelto  en  el término  de  diez  días  útiles.   Los
 proyectos desechados parcialmente  no  podrán  ser  aprobados  en la
 parte  restante.   Sin  embargo,  las  partes no observadas solamente
 podrán  ser  promulgadas  si  tienen  autonomía    normativa   y  su
 aprobación  parcial  no altera el espíritu ni la unidad del proyecto
 sancionado por el Congreso.   En  este  caso  será  de  aplicación el
 procedimiento  previsto  para los decretos de necesidad y  urgencia.     
Artículo 81.  Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una
 de las  Cámaras  podrá  repetirse  en  las  sesiones  de  aquel año.
 Ninguna  de  las  Cámaras puede desechar totalmente un proyecto  que
 hubiera tenido origen  en  ella  y  luego  hubiese sido adicionado o
 enmendado  por la Cámara revisora.  Si el proyecto  fuere  objeto  de
 adiciones o  correcciones  por  la Cámara revisora, deberá indicarse
 el resultado de la votación a fin  de  establecer si tales adiciones
 o  correcciones  fueron  realizadas  por  mayoría  absoluta  de  los
 presentes o por las dos terceras partes de  los presentes.  La Cámara
 de  origen  podrá por mayoría absoluta de los presentes  aprobar  el
 proyecto con  las  adiciones  o correcciones introducidas o insistir
 en la redacción originaria, a menos que las adiciones o
 correcciones las haya realizado  la revisora por dos terceras partes
 de los presentes.  En este último caso,  el  proyecto pasará al Poder
 Ejecutivo con las adiciones o correcciones de  la  Cámara  revisora,
 salvo  que  la  Cámara  de origen insista en su redacción originaria
 con el voto de las dos terceras  partes  de los presentes.  La Cámara
 de origen no podrá introducir nuevas adiciones  o correcciones a las
 realizadas por la Cámara revisora.       
Artículo  82.   La  voluntad  de  cada  Cámara debe manifestarse
 expresamente; se excluye, en todos los casos,  la  sanción  tácita o
 ficta.      
Artículo 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el
 Poder  Ejecutivo,  vuelve  con  sus  objeciones  a  la  Cámara de su
 origen;  ésta  lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría  de
 dos tercios de votos,  pasa  otra  vez  a  la Cámara de revisión.  Si
 ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría,  el  proyecto es ley y
 pasa  al  Poder  Ejecutivo  para su promulgación.  Las votaciones  de
 ambas Cámaras serán en este caso  nominales,  por  sí  o  por  no; y
 tanto  los  nombres  y  fundamentos  de  los  sufragantes,  como las
 objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente  por la
 prensa.   Si  las  Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto
 no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.       
Artículo  84.-  En  la  sanción  de  las leyes se usará de esta
 fórmula:  El Senado y Cámara de Diputados de  la  Nación  Argentina,
 reunidos en  Congreso,  decretan  o  sancionan  con  fuerza  de ley.       

     

CAPITULO SEXTO
De la Auditoría General de la Nación (artículo 85)

     

Artículo  85.  El control externo del sector público nacional en
 sus aspectos patrimoniales,  económicos,  financieros  y operativos,
 será una atribución propia del Poder Legislativo.
  El  examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño  y
 situación  general  de la administración pública estarán sustentados
 en  los dictámenes de  la  Auditoría  General  de  la  Nación.  
  Este  organismo  de  asistencia técnica del Congreso, con autonomía
 funcional,  se  integrará   del  modo  que  establezca  la  ley  que
 reglamenta su creación y funcionamiento,  que  deberá  ser  aprobada
 por  mayoría  absoluta de los miembros de cada Cámara.  El presidente
 del organismo será  designado  a  propuesta  del partido político de
 oposición  con  mayor número de legisladores en  el  Congreso. 
  Tendrá a su cargo  el  control de legalidad, gestión y auditoría de
 toda  la  actividad  de  la administración  pública  centralizada  y
 descentralizada, cualquiera  fuera  su  modalidad de organización, y
 las demás funciones que la ley le otorgue.  Intervendrá
 necesariamente en el trámite de aprobación  o rechazo de las cuentas
 de percepción e inversión de los fondos públicos.       

     

CAPITULO SEPTIMO
Del defensor del pueblo (artículo 86)

     

Artículo  86.  El Defensor del Pueblo es un órgano independiente
 instituido en el  ámbito  del Congreso de la Nación, que actuará con
 plena autonomía funcional,  sin  recibir  instrucciones  de  ninguna
 autoridad.   Su  misión  es  la  defensa y protección de los derechos
 humanos y demás derechos, garantías  e  intereses  tutelados en esta
 Constitución  y  las  leyes,  ante hechos, actos u omisiones  de  la
 Administración;  y  el  control  del   ejercicio  de  las  funciones
 administrativas públicas.
  El Defensor del Pueblo tiene legitimación  procesal.  Es designado y
 removido por el Congreso con el voto de las dos  terceras  partes de
 los  miembros  presentes  de  cada  una  de las Cámaras.  Goza de las
 inmunidades y privilegios de los legisladores.   Durará  en  su cargo
 cinco  años,  pudiendo  ser  nuevamente  designado por una sola vez.
       
  La  organización  y  el  funcionamiento de esta  institución  serán
 regulados por una ley especial.       

     

SECCION SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO (artículos 87 al 107)

CAPITULO PRIMERO
De su naturaleza y duración (artículos 87 al 93)

     

Artículo  87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado
 por  un  ciudadano  con  el  título  de  "Presidente  de  la  Nación
 Argentina".        Artículo  88.-  En  caso de enfermedad, ausencia de la Capital,
 muerte, renuncia o destitución  del  presidente,  el Poder Ejecutivo
 será  ejercido  por  el  vicepresidente  de  la Nación.  En  caso  de
 destitución,  muerte,  dimisión  o  inhabilidad  del   presidente  y
 vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué
 funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta  que haya
 cesado  la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.       
Artículo 89.  Para ser elegido presidente o vicepresidente de la
 Nación,  se  requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser
 hijo de ciudadano  nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las
 demás calidades exigidas para ser elegido senador.       
Artículo  90.   El  presidente  y  vicepresidente  duran  en sus
 funciones  el  término  de  cuatro  años  y  podrán ser reelegidos o
 sucederse  recíprocamente  por un solo período consecutivo.   Si  han
 sido  reelectos  o  se han sucedido  recíprocamente  no  pueden  ser
 elegidos para ninguno  de  ambos cargos, sino con el intervalo de un
 período.       
Artículo  91.   El  presidente  de la Nación cesa en el poder el
 mismo día en que expira su período de  cuatro  años;  sin que evento
 alguno  que  lo  haya  interrumpido, pueda ser motivo de que  se  le
 complete más tarde.       
Artículo  92.-  El  presidente y vicepresidente disfrutan de un
 sueldo pagado por el Tesoro  de la Nación, que no podrá ser alterado
 en el período de sus nombramientos.   Durante  el  mismo  período  no
 podrán  ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la
 Nación, ni de provincia alguna.       
Artículo  93.   Al  tomar  posesión  de su cargo el presidente y
 vicepresidente  prestarán  juramento, en manos  del  presidente  del
 Senado  y  ante  el Congreso reunido  en  Asamblea,  respetando  sus
 creencias religiosas,  de:  "desempeñar con lealtad y patriotismo el
 cargo de presidente (o vicepresidente)  de  la  Nación  y observar y
 hacer  observar  fielmente  la Constitución de la Nación Argentina". 

     

CAPITULO SEGUNDO
De la forma y tiempo de la elección del presidente y
vicepresidente de la Nación (artículos 94 al 98)

     

Artículo  94.   El  presidente  y el vicepresidente de la Nación
 serán elegidos directamente por el pueblo,  en  doble  vuelta, según
 lo  establece  esta Constitución.  A este fin el territorio  nacional
 conformará un distrito único.       
Artículo  95.   La elección se efectuará dentro de los dos meses
 anteriores a la conclusión  del mandato del presidente en ejercicio.       
Artículo 96.  La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se
 realizará  entre  las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro
 de los treinta días de celebrada la anterior.       
Artículo  97.   Cuando la fórmula que resultare más votada en la
 primera vuelta, hubiere  obtenido  más  del  cuarenta  y  cinco  por
 ciento    de    los  votos  afirmativos  válidamente  emitidos,  sus
 integrantes serán  proclamados  como  presidente y vicepresidente de
 la Nación.        Artículo  98.   Cuando la fórmula que resultare más votada en la
 primera vuelta hubiere  obtenido el cuarenta por ciento por lo menos
 de los votos afirmativos  válidamente  emitidos y, además, existiere
 una diferencia mayor de diez puntos porcentuales  respecto del total
 de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre  la  fórmula que
 le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados  como
 presidente y vicepresidente de la Nación.       

     

CAPITULO TERCERO
Atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo 99)

       

Artículo  99.-  El presidente de la Nación tiene las siguientes
 atribuciones:
  1.  Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y
 responsable político de  la  administración  general  del país.
  2.  Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios  para
 la  ejecución  de  las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su
 espíritu con excepciones reglamentarias.
  3.   Participa de la  formación  de  las  leyes  con  arreglo  a  la
 Constitución, las promulga y hace publicar.
  El Poder  Ejecutivo  no  podrá  en ningún caso bajo pena de nulidad
 absoluta e insanable, emitir disposiciones  de carácter legislativo.
 
  Solamente  cuando circunstancias excepcionales  hicieran  imposible
 seguir los trámites  ordinarios previstos por esta Constitución para
 la sanción de las leyes,  y  no  se  trate  de  normas  que  regulen
 materia  penal,  tributaria,  electoral o el régimen de los partidos
 políticos,  podrá  dictar  decretos   por  razones  de  necesidad  y
 urgencia, los que serán decididos en acuerdo  general  de  ministros
 que  deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete  de
 ministros.
  El jefe  de  gabinete  de  ministros  personalmente y dentro de los
 diez  días  someterá  la  medida  a  consideración  de  la  Comisión
 Bicameral  Permanente,  cuya  composición    deberá    respetar   la
 proporción  de  las  representaciones políticas de cada Cámara.  Esta
 comisión elevará su despacho  en  un  plazo de diez días al plenario
 de  cada Cámara para su expreso tratamiento,  el  que  de  inmediato
 considerarán  las  Cámaras.   Una  ley  especial  sancionada  con  la
 mayoría  absoluta  de  la  totalidad  de los miembros de cada Cámara
 regulará el trámite y los alcances de la  intervención del Congreso.
 
  4.   Nombra  los  magistrados de la Corte Suprema  con  acuerdo  del
 Senado  por  dos  tercios  de  sus  miembros  presentes,  en  sesión
 pública, convocada al efecto.
  Nombra los demás jueces  de  los tribunales federales inferiores en
 base  a  una  propuesta  vinculante  en  terna  del  Consejo  de  la
 Magistratura, con acuerdo  del  Senado, en sesión pública, en la que
 se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
  Un nuevo nombramiento, precedido  de  igual acuerdo, será necesario
 para mantener en el cargo a cualquiera de  esos magistrados, una vez
 que cumplan la edad de setenta y cinco años.  Todos los
 nombramientos de magistrados cuya edad sea la  indicada  o  mayor se
 harán  por  cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente,  por
 el mismo trámite.
  5.  Puede indultar  o  conmutar  las  penas por delitos sujetos a la
 jurisdicción federal, previo informe del  tribunal  correspondiente,
 excepto  en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. 
  6.  Concede  jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a
 las leyes de la Nación.
  7.  Nombra y remueve  a los embajadores, ministros plenipotenciarios
 y encargados de negocios  con acuerdo del Senado; por sí solo nombra
 y remueve al jefe de gabinete  de  ministros y a los demás ministros
 del  despacho,  los  oficiales  de  su  secretaría,    los   agentes
 consulares  y  los  empleados  cuyo nombramiento no está reglado  de
 otra forma por esta Constitución.
  8.   Hace  anualmente la apertura  de  las  sesiones  del  Congreso,
 reunidas al  efecto  ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del
 estado de la Nación, de las reformas prometidas por la
 Constitución, y recomendando  a  su  consideración  las  medidas que
 juzgue necesarias y convenientes.
  9.   Prorroga  las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca  a
 sesiones extraordinarias,  cuando  un  grave  interés  de orden o de
 progreso lo requiera.
  10.   Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete  de
 ministros  respecto  de  la recaudación de las rentas de la Nación y
 de su inversión, con arreglo  a  la  ley  o  presupuesto  de  gastos
 nacionales.
  11.   Concluye  y  firma tratados, concordatos y otras negociaciones
 requeridas  para  el mantenimiento  de  buenas  relaciones  con  las
 organizaciones internacionales  y  las  naciones extranjeras, recibe
 sus ministros y admite sus cónsules.
  12.   Es  comandante  en  jefe de todas las fuerzas  armadas  de  la
 Nación.
  13.  Provee los empleos militares  de  la  Nación:  con  acuerdo del
 Senado,  en  la  concesión  de  los  empleos  o  grados de oficiales
 superiores  de  las fuerzas armadas; y por sí solo en  el  campo  de
 batalla.
  14.  Dispone de las  fuerzas  armadas, y corre con su organización y
 distribución según las necesidades de la Nación.
  15.   Declara  la guerra y ordena  represalias  con  autorización  y
 aprobación del Congreso.
  16.  Declara en  estado  de  sitio uno o varios puntos de la Nación,
 en caso de ataque exterior y por  un  término  limitado, con acuerdo
 del Senado.  En caso de conmoción interior sólo tiene  esta  facultad
 cuando  el  Congreso  está  en  receso,  porque  es  atribución  que
 corresponde   a  este  cuerpo.   El  presidente  la  ejerce  con  las
 limitaciones prescriptas en el artículo 23.
  17.  Puede pedir  al  jefe de gabinete de ministros y a los jefes de
 todos los ramos y departamentos  de  la  administración,  y  por  su
 conducto  a los demás empleados, los informes que crea convenientes,
 y ellos están obligados a darlos.
  18.  Puede  ausentarse  del territorio de la Nación, con permiso del
 Congreso.  En el receso de  éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por
 razones justificadas de servicio público.
  19.  Puede llenar las vacantes  de  los  empleos,  que  requieran el
 acuerdo  del Senado, y que ocurran durante su receso, por  medio  de
 nombramientos  en  comisión  que  expirarán  al  fin  de  la próxima
 Legislatura.
  20.   Decreta la intervención federal a una provincia o a la  ciudad
 de Buenos  Aires  en  caso de receso del Congreso, y debe convocarlo
 simultáneamente para su tratamiento. 

CAPITULO CUARTO
Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo (artículos 100 al 107)

     

Artículo  100.   El  jefe  de  gabinete de ministros y los demás
 ministros  secretarios cuyo número y  competencia  será  establecida
 por una ley  especial,  tendrán  a  su  cargo  el  despacho  de  los
 negocios  de  la  Nación,  y refrendarán y legalizarán los actos del
 presidente por medio de su firma,  sin  cuyo  requisito  carecen  de
 eficacia.
  Al  jefe  de  gabinete  de  ministros, con responsabilidad política
 ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
  1.  Ejercer la administración general del país.
  2.   Expedir  los  actos  y reglamentos  que  sean  necesarios  para
 ejercer las facultades que  le atribuye este artículo y aquellas que
 le delegue el presidente de la  Nación, con el refrendo del ministro
 secretario del ramo al cual el acto  o  reglamento  se refiera.
  3.  Efectuar los nombramientos de los empleados de la
 administración,  excepto  los  que correspondan al presidente. 
  4.   Ejercer  las  funciones  y  atribuciones   que  le  delegue  el
 presidente  de  la Nación y, en acuerdo de gabinete  resolver  sobre
 las materias que  le  indique  el  Poder  Ejecutivo, o por su propia
 decisión, en aquellas que por su importancia  estime  necesario,  en
 el ámbito de su competencia.
  5.   Coordinar,  preparar  y  convocar  las reuniones de gabinete de
 ministros, presidiéndolas en caso de ausencia  del  presidente.
  6.   Enviar  al  Congreso los proyectos de ley de Ministerios  y  de
 Presupuesto nacional,  previo  tratamiento  en acuerdo de gabinete y
 aprobación del Poder Ejecutivo.
  7.   Hacer recaudar las rentas de la Nación y  ejecutar  la  ley  de
 Presupuesto nacional.
  8.   Refrendar   los  decretos  reglamentarios  de  las  leyes,  los
 decretos que dispongan  la  prórroga  de las sesiones ordinarias del
 Congreso  o  la  convocatoria  de  sesiones  extraordinarias  y  los
 mensajes  del presidente que promuevan  la  iniciativa  legislativa.
  9.  Concurrir  a  las  sesiones  del  Congreso  y  participar en sus
 debates, pero no votar.
  10.   Una vez que se inicien las sesiones ordinarias  del  Congreso,
 presentar  junto a los restantes ministros una memoria detallada del
 estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los
 respectivos departamentos.
  11.  Poducir  los  informes  y explicaciones verbales o escritos que
 cualquiera  de  las  Cámaras  solicite   al  Poder  Ejecutivo. 
  12.  Refrendar los decretos que ejercen facultades  delegadas por el
 Congreso,  los  que  estarán  sujetos  al  control  de  la  Comisión
 Bicameral Permanente.
  13.   Refrendar  conjuntamente  con los demás ministros los decretos
 de necesidad y urgencia y los decretos  que  promulgan  parcialmente
 leyes.   Someterá  personalmente  y  dentro  de  los diez días de  su
 sanción  estos  decretos  a  consideración de la Comisión  Bicameral
 Permanente.
  El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar
 simultáneamente otro ministerio.      
Artículo 101.  El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al
 Congreso  al  menos  una vez por mes, alternativamente a cada una de
 sus Cámaras, para informar  de la marcha del gobierno, sin perjuicio
 de lo dispuesto en el artículo  71.   Puede  ser  interpelado  a  los
 efectos  del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la
 mayoría absoluta  de  la  totalidad de los miembros de cualquiera de
 las Cámaras, y ser removido  por  el  voto de la mayoría absoluta de
 los miembros de cada una de las Cámaras.       
Artículo  102.-  Cada  ministro es responsable de los actos que
 legaliza; y solidariamente de  los que acuerda con sus colegas.       
Artículo  103.- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún
 caso, tomar resoluciones,  a excepción de lo concerniente al régimen
 económico  y administrativo de  sus  respectivos  departamentos.   
Artículo 104.-  Luego  que  el  Congreso abra sus sesiones, deberán
 los ministros del despacho presentarle  una  memoria  detallada  del
 estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus
 respectivos departamentos.       
Artículo  105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer
 dimisión de sus empleos de ministros.      
Artículo 106.- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del
 Congreso  y  tomar  parte  en  sus  debates,  pero  no  votar.     
Artículo 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo
 establecido  por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en
 favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.       

     

SECCION TERCERA
DEL PODER JUDICIAL (artículos 108 al 119)

CAPITULO PRIMERO
De su naturaleza y duración (artículos 108 al 115)

     

Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por
 una  Corte    Suprema  de  Justicia,  y  por  los  demás  tribunales
 inferiores que  el  Congreso  estableciere  en  el  territorio de la
 Nación.        Artículo  109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede
 ejercer funciones  judiciales,  arrogarse  el conocimiento de causas
 pendientes o restablecer las fenecidas.       
Artículo  110.-  Los  jueces  de  la  Corte  Suprema  y  de los
 tribunales  inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras
 dure  su  buena    conducta,  y  recibirán  por  sus  servicios  una
 compensación que determinará  la  ley, y que no podrá ser disminuida
 en  manera alguna, mientras permaneciesen  en  sus  funciones.       
Artículo 111.- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de
 Justicia,  sin  ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio,
 y tener las calidades requeridas para ser senador.       
 Artículo  112.-  En la primera instalación de la Corte Suprema,
 los  individuos  nombrados    prestarán    juramento  en  manos  del
 presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones,
 administrando justicia bien y legalmente, y  en conformidad a lo que
 prescribe  la  Constitución.   En  lo sucesivo lo prestarán  ante  el
 presidente de la misma Corte.       
Artículo 113.  La Corte Suprema dictará su reglamento interior y
 nombrará a sus empleados.       
Artículo  114.   El Consejo de la Magistratura, regulado por una
 ley especial sancionada  por  la mayoría absoluta de la totalidad de
 los miembros de cada Cámara, tendrá  a  su cargo la selección de los
 magistrados y la administración del Poder Judicial.
  El Consejo será integrado periódicamente  de modo que se procure el
 equilibrio  entre  la  representación  de  los  órganos    políticos
 resultantes  de  la  elección  popular,  de  los jueces de todas las
 instancias  y  de  los  abogados  de  la  matrícula  federal.    Será
 integrado,  asimismo,  por  otras  personas  del  ámbito académico y
 científico,  en  el  número  y  la  forma que indique la  ley. 
  Serán sus atribuciones:
  1.  Seleccionar mediante concursos públicos  los  postulantes  a las
 magistraturas inferiores.
  2.   Emitir  propuestas  en ternas vinculantes, para el nombramiento
 de los magistrados de los tribunales inferiores.
  3.  Administrar los recursos  y  ejecutar  el presupuesto que la ley
 asigne a la administración de justicia.
  4.   Ejercer  facultades  disciplinarias  sobre   magistrados. 
  5.  Decidir la apertura del procedimiento de remoción de
 magistrados,  en  su  caso  ordenar  la  suspensión,  y formular  la
 acusación correspondiente.
  6.     Dictar  los  reglamentos  relacionados  con  la  organización
 judicial  y  todos  aquellos  que  sean  necesarios para asegurar la
 independencia de los jueces y la eficaz prestación  de los servicios
 de justicia.        Artículo  115.   Los  jueces  de los tribunales inferiores de la
 Nación serán removidos por las causales  expresadas  en  el artículo
 53,  por  un  jurado  de  enjuiciamiento integrado por legisladores,
 magistrados y abogados de la matrícula federal.
  Su  fallo,  que  será  irrecurrible,   no  tendrá  más  efecto  que
 destituir al acusado.  Pero la parte condenada  quedará  no  obstante
 sujeta a acusación , juicio y castigo conforme a las leyes ante  los
 tribunales ordinarios.
  Corresponderá  archivar  las  actuaciones y, en su caso, reponer al
 juez  suspendido, si transcurrieren  ciento  ochenta  días  contados
 desde la  decisión  de  abrir  el procedimiento de remoción, sin que
 haya sido dictado el fallo.
  En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se
 determinará  la  integración  y  procedimiento    de   este  jurado.

     

CAPITULO SEGUNDO
Atribuciones del Poder Judicial (artículos 116 al 119)

    

Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales
 inferiores  de  la  Nación,  el conocimiento y decisión de todas las
 causas que versen sobre puntos  regidos  por  la Constitución, y por
 las leyes de la Nación, con la reserva hecha en  el  inciso  12  del
 artículo  75;  y  por  los tratados con las naciones extranjeras; de
 las  causas  concernientes   a  embajadores,  ministros  públicos  y
 cónsules extranjeros; de las  causas  de almirantazgo y jurisdicción
 marítima; de los asuntos en que la Nación  sea  parte; de las causas
 que se susciten entre dos o más provincias; entre  una  provincia  y
 los  vecinos  de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y
 entre una provincia  o  sus  vecinos,  contra  un Estado o ciudadano
 extranjero.        Artículo  117.-  En  estos  casos  la Corte Suprema ejercerá su
 jurisdicción  por  apelación  según  las reglas  y  excepciones  que
 prescriba  el Congreso; pero en todos los  asuntos  concernientes  a
 embajadores,  ministros  y cónsules extranjeros, y en los que alguna
 provincia  fuese parte, la  ejercerá  originaria  y  exclusivamente.       
Artículo  118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no
 se deriven del despacho  de  acusación  concedido  en  la  Cámara de
 Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca  en  la
 República  esta  institución.   La actuación de estos juicios se hará
 en  la misma provincia donde se hubiera  cometido  el  delito;  pero
 cuando  éste  se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el
 Derecho de Gentes,  el  Congreso determinará por una ley especial el
 lugar en que haya de seguirse el juicio.         
Artículo  119.-  La  traición  contra  la  Nación  consistirá
 únicamente  en  tomar  las  armas  contra  ella,  o  en unirse a sus
 enemigos  prestándoles ayuda y socorro.  El Congreso fijará  por  una
 ley especial  la  pena  de  este  delito;  pero ella no pasará de la
 persona del delincuente, ni la infamia del reo  se transmitirá a sus
 parientes de cualquier grado.      

    

SECCION CUARTA
Del ministerio público (artículo 120)

     

Artículo  120.  El Ministerio Público es un órgano independiente
 con  autonomía funcional  y  autarquía  financiera,  que  tiene  por
 función  promover  la  actuación  de  la  justicia  en defensa de la
 legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en
 coordinación  con  las  demás  autoridades  de  la  República. 
  Está  integrado  por  un  procurador  general  de  la Nación  y  un
 defensor  general  de  la  Nación  y los demás miembros que  la  ley
 establezca.
  Sus miembros gozan de inmunidades funcionales  e  intangibilidad de
 remuneraciones.       

     

TITULO SEGUNDO
GOBIERNOS DE PROVINCIA (artículos 121 al 129)

     

Artículo  121.-  Las  provincias  conservan  todo  el  poder no
 delegado  por  esta  Constitución  al  Gobierno  federal,  y  el que
 expresamente  se hayan reservado por pactos especiales al tiempo  de
 su incorporación.        Artículo  122.-  Se  dan sus propias instituciones locales y se
 rigen por ellas.  Eligen sus  gobernadores,  sus legisladores y demás
 funcionarios  de provincia, sin intervención del  Gobierno  federal.       
Artículo  123.   Cada  provincia  dicta  su propia constitución,
 conforme  a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando  la  autonomía
 municipal y reglando su alcance y contenido en el orden
 institucional,  político,  administrativo,  económico  y financiero.       
Artículo  124.   Las  provincias  podrán  crear regiones para el
 desarrollo  económico y social y establecer órganos  con  facultades
 para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  podrán  también  celebrar
 convenios internacionales  en  tanto  no  sean  incompatibles con la
 política   exterior  de  la  Nación  y  no  afecten  las  facultades
 delegadas al  Gobierno  federal  o  el crédito público de la Nación;
 con conocimiento del Congreso Nacional.   La  ciudad  de Buenos Aires
 tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
  Corresponde a las provincias el dominio originario de  los recursos
 naturales existentes en su territorio.      
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales
 para  fines de administración de justicia, de intereses económicos y
 trabajos  de  utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal;
 y  promover  su  industria,   la  inmigración,  la  construcción  de
 ferrocarriles y canales navegables,  la  colonización  de tierras de
 propiedad  provincial, la introducción y establecimiento  de  nuevas
 industrias, la importación de capitales extranjeros y la
 exploración  de  sus  ríos,  por leyes protectoras de estos fines, y
 con sus recursos propios.
  Las  provincias  y  la  ciudad de  Buenos  Aires  pueden  conservar
 organismos de seguridad social  para  los  empleados  públicos y los
 profesionales;  y  promover  el  progreso  económico,  el desarrollo
 humano,  la  generación  de  empleo,  la  educación, la ciencia,  el
 conocimiento y la cultura.       
Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la
 Nación.   No pueden celebrar tratados parciales de carácter político;
 ni expedir  leyes  sobre comercio, o navegación interior o exterior;
 ni establecer aduanas  provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer
 bancos  con facultades de  emitir  billetes,  sin  autorización  del
 Congreso  Federal;  ni  dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y
 de Minería, después que el  Congreso  los haya sancionado; ni dictar
 especialmente leyes sobre ciudadanía y  naturalización, bancarrotas,
 falsificación  de  moneda  o documentos del  Estado;  ni  establecer
 derechos  de  tonelaje;  ni  armar   buques  de  guerra  o  levantar
 ejércitos, salvo el caso de invasión  exterior  o  de un peligro tan
 inminente  que  no  admita dilación dando luego cuenta  al  Gobierno
 federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.       
Artículo  127.-  Ninguna  provincia puede declarar, ni hacer la
 guerra a otra provincia.  Sus quejas  deben  ser sometidas a la Corte
 Suprema de Justicia y dirimidas por ella.  Sus  hostilidades de hecho
 son actos de guerra civil, calificados de sedición  o  asonada,  que
 el  gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.       
Artículo  128.-  Los  gobernadores  de  provincia  son  agentes
 naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución  y
 las leyes de la Nación.        Artículo  129.  
La  ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
 gobierno  autónomo,  con  facultades    propias   de  legislación  y
 jurisdicción,  y  su jefe de gobierno será elegido directamente  por
 el pueblo de la ciudad.
 Una ley garantizará  los intereses del Estado nacional, mientras la
 ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación.
 En el marco de lo dispuesto  en  este  artículo,  el Congreso de la
 Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos  Aires para
 que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten  el
 Estatuto Organizativo de sus instituciones.       

     

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (artículo 129)

    

Primera.  La Nación Argentina ratifica su legítima e
 imprescriptible  soberanía  sobre  las  islas Malvinas, Georgias del
 Sur  y  Sandwich  del  Sur  y  los  espacios marítimos  e  insulares
 correspondientes, por ser parte integrante  del territorio nacional.
 
 La recuperación de dichos territorios y el ejercicio  pleno  de  la
 soberanía,  respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme
 a los principios  del Derecho Internacional, constituyen un objetivo
 permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
 Segunda.  Las acciones  positivas  a  que alude el artículo 37 en su
 último párrafo no podrán ser inferiores  a las vigentes al tiempo de
 sancionarse esta Constitución y durarán lo  que  la  ley  determine.
 (Corresponde al artículo 37).
 Tercera.   La  ley  que  reglamente  el  ejercicio  de la iniciativa
 popular  deberá ser aprobada dentro de los dieciocho meses  de  esta
 sanción.  (Corresponde al artículo 39)
 Cuarta.   Los    actuales   integrantes  del  Senado  de  la  Nación
 desempeñarán su cargo hasta la extinción del mandato
 correspondiente a cada uno.
 En ocasión de renovarse un  tercio  del  Senado  en mil novecientos
 noventa  y  cinco,  por  finalización de los mandatos de  todos  los
 senadores  elegidos  en  mil    novecientos  ochenta  y  seis,  será
 designado además un tercer senador por distrito por cada
 Legislatura.   El  conjunto de los senadores  por  cada  distrito  se
 integrará, en lo posible,  de  modo  que  correspondan dos bancas al
 partido político o alianza electoral que tenga  el  mayor  número de
 miembros  en  la  Legislatura,  y la restante al partido político  o
 alianza electoral que le siga en  número  de  miembros  de  ella.  En
 caso  de  empate,  se  hará prevalecer al partido político o alianza
 electoral que hubiera obtenido  mayor  cantidad  de  sufragios en la
 elección legislativa provincial inmediata anterior.
 La elección  de  los  senadores  que  reemplacen a aquellos  cuyos
 mandatos  vencen en mil novecientos noventa  y  ocho,  así  como  la
 elección de  quien  reemplace a cualquiera de los actuales senadores
 en caso de aplicación  del  artículo  62,  se  hará por estas mismas
 reglas  de  designación.   Empero,  el  partido  político  o  alianza
 electoral  que tenga el mayor número de miembros en  la  Legislatura
 al tiempo de  la  elección  del  senador,  tendrá  derecho a que sea
 elegido su candidato, con la sola limitación de que  no resulten los
 tres  senadores  de  un mismo partido político o alianza  electoral.
 
 Estas  reglas  serán  también  aplicables  a  la  elección  de  los
 senadores por la ciudad  de Buenos Aires, en mil novecientos noventa
 y cinco por el cuerpo electoral,  y  en  mil  novecientos  noventa y
 ocho, por el órgano legislativo de la ciudad.
 La  elección  de todos los senadores a que se refiere esta cláusula
 se llevará a cabo  con una anticipación no menor de sesenta ni mayor
 de  noventa  días al momento  en  que  el  senador  deba  asumir  su
 función.
 En todos los  casos,  los  candidatos  a senadores serán propuestos
 por los partidos políticos o alianzas electorales.   El  cumplimiento
 de  las  exigencias  legales  y  estatutarias  para  ser  proclamado
 candidato  será  certificado  por  la Justicia Electoral Nacional  y
 comunicado a la Legislatura.
 Toda vez que se elija un senador nacional  se designará un suplente
 quien asumirá en los casos del artículo 62.
 Los  mandatos  de  los  senadores elegidos por aplicación  de  esta
 cláusula transitoria durarán  hasta  el  nueve  de diciembre del dos
 mil uno.  (Corresponde al artículo 54)
 Quinta.   Todos  los  integrantes  del Senado serán elegidos  en  la
 forma indicada en el artículo 54 dentro  de los dos meses anteriores
 al diez de diciembre del dos mil uno, decidiéndose  por  la  suerte,
 luego  que  todos  se  reúnan,  quienes  deban salir en el primero y
 segundo bienio.  (Corresponde al artículo 56)
 Sexta.  Un régimen de coparticipación conforme  lo  dispuesto  en el
 inciso  2  del  artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal
 federal, serán establecidos  antes  de la finalización del año 1996;
 la distribución de competencias, servicios  y  funciones  vigentes a
 la  sanción  de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación
 de la provincia  interesada;  tampoco  podrá modificarse en desmedro
 de las provincias la distribución de recursos  vigente  a la sanción
 de  esta  reforma  y  en ambos casos hasta el dictado del mencionado
 régimen de coparticipación.
 La  presente cláusula no  afecta  los  reclamos  administrativos  o
 judiciales  en  trámite  originados por diferencias por distribución
 de competencias, servicios,  funciones  o recursos entre la Nación y
 las  provincias.   (Corresponde  al  artículo   75  inciso  2). 
 Séptima.   El  Congreso  ejercerá  en  la  ciudad de  Buenos  Aires,
 mientras  sea  capital  de la Nación, las atribuciones  legislativas
 que conserve con arreglo al artículo 129.
 (Corresponde al artículo 75 inciso 30).
 Octava.  La legislación delegada  preexistente que no contenga plazo
 establecido  para su ejercicio caducará  a  los  cinco  años  de  la
 vigencia de esta  disposición, excepto aquella que el Congreso de la
 Nación ratifique expresamente por una nueva ley.
 (Corresponde al artículo 76).
 Novena.  El mandato  del  presidente  en  ejercicio  al  momento  de
 sancionarse   esta  reforma,  deberá  ser  considerado  como  primer
 período.
 (Corresponde al artículo 90)
 Décima.  El mandato  del  presidente de la Nación que asuma su cargo
 el 8 de julio de 1995, se extinguirá  el  10  de  Diciembre  de 1999
 
 (Corresponde al artículo 90)
 Undécima.   La caducidad de los nombramientos y la duración limitada
 previstas en  el  artículo  99  inciso  4 entrarán en vigencia a los
 cinco  años  de  la  sanción  de  esta  reforma  constitucional.
 (Corresponde al artículo 99 inciso 4)
 Duodécima.  Las prescripciones establecidas  en  los artículos 100 y
 101 del Capítulo cuarto de la Sección segunda, de  la  segunda parte
 de  esta  Constitución  referidas  al jefe de gabinete de ministros,
 entrarán en vigencia el 8 de julio de 1995.
 El jefe de gabinete de ministros será  designado por primera vez el
 8 de julio de 1995, hasta esa fecha sus facultades serán
 ejercitadas por el presidente de la República.
 (Corresponde  a  los  artículos  99  inciso 7,  100  y  101). 
 Decimotercera.   A  partir de los trescientos  sesenta  días  de  la
 vigencia  de  esta reforma,  los  magistrados  inferiores  solamente
 podrán ser designados  por  el procedimiento previsto en la presente
 Constitución.   Hasta  tanto  se  aplicará  el  sistema  vigente  con
 anterioridad.  (Corresponde al artículo 114)
 Decimocuarta.  Las causas en trámite  ante la Cámara de Diputados al
 momento  de  instalarse  el Consejo de la  Magistratura,  les  serán
 remitidas a efectos del inciso  5  del  artículo 114.  Las ingresadas
 en el Senado continuarán allí hasta su terminación.
 (Corresponde al artículo 115)
 Decimoquinta.  Hasta tanto se constituyan  los  poderes  que  surjan
 del  nuevo  régimen  de  autonomía  de la ciudad de Buenos Aires, el
 Congreso ejercerá una legislación exclusiva  sobre su territorio, en
 los  mismos  términos  que  hasta  la sanción de la  presente. 
 El jefe de gobierno será elegido durante  el  año  mil  novecientos
 noventa y cinco.
 La  ley  prevista  en  los  párrafos segundo y tercero del artículo
 129, deberá ser sancionada dentro  del  plazo  de doscientos setenta
 días a partir de la vigencia de esta Constitución.
 Hasta tanto se haya dictado el Estatuto Organizativo la
 designación y remoción de los jueces de la ciudad  de  Buenos  Aires
 se  regirá  por las disposiciones de los artículos 114 y 115 de esta
 Constitución.
 (Corresponde al artículo 129)
 Decimosexta.   Esta reforma entra en vigencia al día siguiente de su
 publicación.   Los   miembros  de  la  Convención  Constituyente,  el
 presidente de la Nación  Argentina,  los  presidentes de las Cámaras
 Legislativas  y  el  presidente  de  la  Corte Suprema  de  Justicia
 prestan juramento en un mismo acto el día  24  de agosto de 1994, en
 el  Palacio  San  José, Concepción del Uruguay, provincia  de  Entre
 Ríos.
 Cada poder del Estado  y las autoridades provinciales y municipales
 disponen lo necesario para  que  sus  miembros  y funcionarios juren
 esta Constitución.
 Decimoséptima:  El  texto constitucional ordenado,  sancionado  por
 esta Convención Constituyente,  reemplaza  al  hasta  ahora vigente. 

 

FIRMANTES

  MENEM-BRASESGO-Piuzzi-Estrada  

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